Parece que se ha levantado la veda, y a partir de las últimas noticias aparecidas en los medios en relación con la inclusión de la transexualidad en la cobertura de la Sanidad Pública, arrecian las cartas enviadas a periódicos, más bien de orientación conservadora, que exigen "contraprestaciones" o "prioridades" de cualquier otra cosa, antes que ocuparse de algo tan frívolo como los "cambios de sexo" (¿aprenderán algún día que el sexo no se cambia?).

No estaría de más que estuviésemos pendientes y respondiésemos cada una de esas "epístolas envenenadas" para poner las cosas en su sitio. La reiteración de ese tipo de cartas va creando, poco a poco, un estado de opinión nada favorable a los intereses del colectivo.

Y para predicar con el ejemplo, ahí va una muestra de dos cartas publicadas los días 3 y 4 de Agosto y sus respuestas publicadas un día más tarde en cada caso:

Proyectos de Gobierno

Publicada en ABC el 3-8-04

Ahora me explico por qué don Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, recientemente insinuó que la Iglesia Católica se tenía que buscar otra fuente de financiación, ya que recibe directamente del Estado unos 48 millones de euros para sufragar la gran cantidad de gastos que tiene. Estamos hablando de actividades de formación personal y social, de institutos que trabajan activamente a favor de los desfavorecidos, de inmigrantes, de la conservación y promoción del patrimonio artístico que, a la vez, favorece el turismo cultural.

Paralelamente, el Gobierno pretende sufragar el cambio de sexo de los transexuales, según el acuerdo al que han llegado el Ministerio de Sanidad y dichos colectivos. Cada operación nos costará a los contribuyentes entre 15.000 y 30.000 euros, y todas ellas llegarán fácilmente a 50 millones de euros.

Éste es el talante de nuestro Gobierno. A los españoles no nos van a engañar.

Ángela del Toro López.

Madrid.

Respuesta:

En carta publicada el día 3 de Agosto, remitida por Angela del Toro López, se utilizaba la reivindicación del colectivo transexual de la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de la cobertura del tratamiento de la transexualidad, para criticar decisiones del Gobierno en relación con la Iglesia Católica, vertiendo datos totalmente inexactos y tendenciosos.
 
No es cierto que el coste de las intervenciones de reasignación de género (es incorrecto hablar de "cambio de sexo") oscile entre 15.000 y 30.000 euros, ya que ese es el precio que ahora tienen dichas intervenciones en el campo de la medicina privada. La Fundación para la Identidad de Género ha actualizado recientemente un estudio llevado a cabo por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, en el que se evalúa el coste que estas intervenciones tendrían una vez integradas en la Sanidad Pública, resultando inferiores a 6.000 euros en el caso de transexuales femeninas y de 9.000 en el caso de transexuales masculinos.
 
En cualquier caso, no todas las personas transexuales se someterían a este tipo de intervenciones, pues en muchos casos les bastaría con tratamientos hormonales e intervenciones menores, cuyo coste es casi inapreciable.
 
En realidad el coste total anual de la inclusión de los tratamientos e intervenciones necesarios para la cobertura sanitaria plena del colectivo transexual es de sólo 1.024.000 euros, lo cual es una cifra ridícula dentro del gasto sanitario nacional, y por tanto su inclusión nunca será causa de que otras prestaciones puedan ser rechazadas, o de la modificación de presupuestos, o financiación de cualquier otro grupo social o religioso.

Sanidad para los necesitados

Publicada en El Adelanto de Salamanca el 4-8-04

Los españoles padecemos muchos problemas sanitarios y unas largas listas de espera. Pero se ve que los que más consiguen sacar compromisos al Gobierno del débil ZP y dineros de los bolsillos de los contribuyentes son los grupos de presión que representan a una minoría muy activa de ciudadanos. Antes que pagar las costosas operaciones de cambios de sexo a algunos transexuales hay que atender a otros colectivos de enfermos, que tal vez no son grupo de presión por estar enfermos y desorganizados, pero si son muchos más. Hay que atender las demandas sanitarias de las asociaciones de pacientes, como la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Asociación de víctimas de Talidomida de España y la Fundación de afectados de Fibriomialgia y Síndrome de Fatiga crónica, depresiones, dentauras defectuosas y melladas, operaciones de miopía, etc. Y esto además de acabar con las listas de espera.

Ana M. Carvajal Becerra.

Granada.

Respuesta:

En relación con la carta enviada por Ana M. Carvajal Becerra, de Granada, publicada el 4 de Agosto, desde la Fundación para la Identidad de Género quisiéramos puntualizar lo siguiente:
 
Nuestra demanda de cobertura en la Sanidad Pública de los tratamientos de la transexualidad es perfectamente legítima pues somos un colectivo al que hasta ahora se ha ignorado en todos los ámbitos, no sólo los sanitarios, que se ha visto obligado a depender de una medicina privada extremadamente cara y sin las menores garantías sanitarias al no existir ningún protocolo de actuación generalizado.
 
A pesar de que la prevalencia de la disforia de género sea más elevada que la de algunas dolencias que se citan en esa carta, como la Fibromialgia o las derivadas del uso de la Talidomida, no exigimos ninguna prioridad por ello, pero tampoco aceptamos que se nos siga relegando para atender antes otras necesidades igualmente legítimas, como parece sugerir la Sra. Carvajal. Las personas transexuales también podemos padecer Alzheimer, depresiones, miopía y patologías dentales, del mismo modo que cualquiera que sufra una de esas enfermedades puede tener un hijo transexual.
 
El desconocimiento sobre el tema de que hace gala la autora de la carta la lleva a calificar de "costosas operaciones de cambio de sexo", a los tratamientos que tienen por finalidad la redefinición de un género que fue erróneamente asignado en el nacimiento, al tener en cuenta sólo la configuración genital. Solucionarlo desde la Sanidad Pública no es caro: si cada residente en el Estado Español aportase un sólo euro, bastaría para cubrir todos los tratamientos necesarios de aquí al 2050; si entonces aportasen un euro más, lo habríamos solucionado hasta final de este siglo.