Antes de acabar el año 2005, tal y como prometió -una vez más- a primeros de noviembre Carla Antonelli, portavoz de asuntos GLBT en el PSOE, en las jornadas de Transexualidad de Pamplona, el Ejecutivo socialista ha anunciado oficialmente la elaboración de una Ley de Identidad de Género. El proyecto, según declaraciones del Ministro de Justicia, se presentará dentro de esta legislatura, y sabremos algo más de su contenido a lo largo del primer trimestre de 2006. De momento, cabe felicitarnos por tal anuncio oficial, pues demuestra que nuestros responsables políticos al fin saben de nuestra existencia. Asimismo, es de buena ley reconocer a Carla Antonelli el mérito de haber defendido esta iniciativa en el seno del partido en el poder, ya que -aun in extremis- la incluyó en su Programa Electoral. Además, su aparición en La Noche Hache (Tele Cuatro) presentó una buena imagen del colectivo trans ante la opinión pública, un hecho nada desdeñable en los tiempos que aún corren.

Sin embargo... ¿está todo dicho y hecho? Mucho nos tememos que no, y que debemos mantener la guardia bien alta.

Veamos algunos puntos significativos en la declaración del Ministerio de Justicia a la Agencia EFE. En ella chocan y/o preocupan algunas afirmaciones y omisiones.

• "El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció hoy que el Gobierno presentará, en el primer trimestre de 2006, el anteproyecto de Ley de Identidad Sexual,..."

Muyyyy biennnn. Bonito anuncio. Otro más...

Ahora en serio: ¿Quién asesora al Ministerio en esta tarea? Hasta ahora, los pocos "especialistas" en materias legales o clínicas sobre transexualidad que han dicho algo respecto de las reformas necesarias, se han "lucido" a base de bien. Como muestra, un botón: hace dos meses, era "muy complicado", según Lorenzo Prats, Asesor del Gabinete de López Aguilar, reformar la ley, y de repente sólo se trata de "una pequeña modificación en la Ley del Registro Civil". ¿El resto de los asesores del Ministerio son así de fiables? ¿A quién han consultado? No sé si siento más curiosidad que terror a conocer las respuestas.

• La Ley no exigirá una operación quirúrgica de cambio de sexo [...] ya que, según destacó el ministro, esas intervenciones acarrean normalmente un importante sufrimiento a la persona.

¿Sufrimiento? ¿Normalmente? No conozco a ninguna persona transexual, debidamente asesorada antes de su operación y correctamente atendida durante y después de la misma, que manifestara "sufrimiento" alguno por haberse operado, más allá de las molestias -lógicas y aceptadas- del posoperatorio. En cuanto a las no operadas, dudo que ese supuesto "sufrimiento" sea el motivo más común por el cual se resisten a operarse.

Claro está que, si una persona se ve obligada a operarse sin desearlo, al fin de obtener un determinado derecho civil, lo que sentirá es INDIGNACIÓN, pero no "sufrimiento". La utilización de este término preocupa tanto por su error de concepto como por su generalización, pues induce a pensar que abundan los casos de operaciones forzadas por las circunstancias, cuya incidencia es, como mucho, escasa.

• [...] la Ley pueda tener una incidencia restringida a un grupo reducido de personas --unos 9.000 transexuales viven en España--,

¿Nueve mil? ¿De dónde sale esta cifra? Sabiendo como sabemos que no existe un censo de la población transexual, y que las únicas estadísticas fiables arrojan unas cifras muy diferentes. Aun en el hipotético caso de que ese censo sí exista, ¿cómo es que no se ha comunicado a los colectivos directamente interesados? Más bien parece que el Ministro se inventa una cifra "políticamente correcta": ni demasiado baja para parecer irrisoria a la opinión pública, ni demasiado alta para preocupar a nadie.

• "La transexualidad se podrá demostrar por tres vías: mediante un diagnóstico emitido por un médico [...], con un justificante expedido por un especialista cualificado que acredite que se ha iniciado un tratamiento hormonal, o bien con documentos [...]o declaraciones juradas de familiares o personas cercanas que den fe de la situación."

A pesar de la disparidad de criterios entre los requisitos anunciados, podemos ser "positifos", considerando que se anuncian próximas conversaciones con los colectivos. Siempre existe la posibilidad posterior de rectificar. Eso sí, estas conversaciones ocurrirán DESPUÉS de que el borrador haya sido aprobado por el Consejo de Ministros, y no antes. ¿No sería mejor hablarlo antes, para que el borrador fuese lo más ajustado posible al proyecto que finalmente llegaría al Congreso?

En cambio, NO se menciona en ningún momento -y eso SÍ que es preocupante- qué vía se va a disponer para los trámites de cambio de documentación. Como siga siendo un proceso judicial, estaremos prácticamente como ahora, con la única excepción de la naturaleza de las pruebas a presentar. En cuanto a la valoración de las mismas, seguiríamos sometidos, como hasta hoy, a la autoridad judicial, y por supuesto a los costes y plazos procesales. Es decir, si se pretende mantener la necesidad de interponer una demanda civil, tendremos obligatoriamente que disponer de abogado y procurador como hasta ahora, y sufrir las inevitables dilaciones y gastos que todo ello implica.

Está muy bien -y debemos agradecer que se atienda esa parte de nuestras necesidades- que se racionalicen los requisitos, pero sólo si además se establece y regula un procedimiento administrativo simple y gratuito para obtener nuestra documentación. Si no fuera así, imaginaos a una persona transexual presentándose en el Registro Civil para solicitar su cambio de nombre y sexo en su partida de nacimiento, toda contenta porque ya no le exigen operarse para tal fin... y luego resulte que no valga con que lo solicite él o ella, sino que lo debe autorizar una sentencia judicial. Tendría que buscar abogado y procurador, pagar sus honorarios, pasar por el larguísimo proceso judicial... Terrible.

¡Desde luego que debemos estar más esperanzados que nunca! ¡Por supuesto que debemos felicitarnos porque el PSOE "anuncie" que va a cumplir al fin su promesa electoral! Además, demuestran haber tomando conciencia de que la obtención de una documentación que nos acerque a la igualdad de oportunidades en todos los campos no puede supeditarse a unas características anatómicas. Y encima se han abstenido de relacionar este proyecto con la ley de matrimonios homosexuales, antes bien, la han asociado a los derechos de los minusválidos (;-). Todo eso nos permite hablar en "positifo".

Pero no echemos las campanas al vuelo.

• De momento, sólo es un anuncio.
• No podemos tener confianza ciega en un proyecto que no sea elaborado por verdaderos expertos, y que sólo se busque la opinión del colectivo directamente afectado después de su primera fase de elaboración, y no antes ni durante la misma.
• Tampoco podemos ignorar la necesidad de que la Ley de Identidad de Género garantice un acceso simple, gratuito y desprovisto de intervenciones innecesarias. Estamos demasiado acostumbrados a que no sólo unas supuestas "autoridades" o presuntos "expertos" decidan sobre nuestra vida, sino incluso a que sigamos dependiendo de o­nerosos intermediarios para acceder a una simple petición.
• A nadie se le exije un abogado ni un examen médico para contraer matrimonio, que supone un cambio en el estado civil tan simple como el del cambio de nombre. ¿Por qué complicarlo para nosotr@s?

Ahora, quedemos a la espera de noticias del Ministerio para reunirnos con quien proceda. Tienen nuestros datos de contacto, y parece que se han leído la documentación remitida a sus "técnicos", vista la renovada y ajustada terminología que empiezan a utilizar los representantes del PSOE.

Seguiremos informando.