Un reciente episodio que ha tenido lugar en el Parlamento de Castilla y León, ha puesto de manifiesto, una vez más, la calidad humana de nuestros políticos, su nula sensibilidad hacia los problemas reales de los ciudadanos, y su desprecio absoluto hacia las minorías que no les dan votos. Un parlamentario del Partido Socialista de Castilla y León, un consejero del Partido Popular que Gobierna en esa Comunidad Autónoma, y una ministra del PSOE, han demostrado con sus intervenciones ser merecedores de los epítetos que titulan este texto: hipócritas, manipuladores y mentirosos.

Todo comenzó cuando el diputado socialista del Parlamento castellano leonés Ismael Bosch, interpeló al Gobierno popular de esa Comunidad respecto de la moción de la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Castilla y León, que daba cobertura sanitaria para las intervenciones y tratamientos médicos y quirúrgicos de las personas transexuales residentes en esa región, hasta que la prestación fuese asumida estatalmente.

Ciertamente esa moción se produjo, incluso con los votos favorables de los miembros del PP; pero cuando se llevó al pleno del Parlamento, fue rechazada gracias a la mayoría popular, que tradicionalmente se ha opuesto siempre a cualquiera de las reivindicaciones del colectivo.

La interpelación del Sr. Bosch, demuestra la permanente hipocresía socialista, que sistemáticamente insta a los Gobiernos de las Comunidades en las que no tiene mayoría a incluir en las prestaciones sanitarias la atención a personas transexuales, mientras que en aquellas Comunidades en las que sí tiene mayoría, ignora el hecho, y no hace nada por incluirlo en la cartera de los correspondientes Servicios de Salud (del fraude de la cobertura en Andalucía y Extremadura, hablaremos en otra ocasión, porque es escandaloso),

Como respuesta a la interpelación, el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Cesar Antón, ha demostrado sus grandes aptitudes para la manipulación más descarada, al remitir una carta al Ministerio de Sanidad, interesándose por los planes del Gobierno central al respecto, y los posibles plazos para la inclusión de esas prestaciones en las coberturas del Sistema Nacional de Salud.

El Sr. Antón no ignora que el artículo 21, apartado 1, de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud especifica textualmente:

1. La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se actualizará mediante orden del Ministro de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El procedimiento para la actualización se desarrollará reglamentariamente.

El Sr. Antón tampoco ignora que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dice:

1. Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso.

El Sr. Antón, al igual que los demás Consejeros de Sanidad del Partido Popular, no acude a las reuniones del Consejo Interterritorial, como medida de presión y boicot contra el Partido Socialista, al igual que éste partido hizo en la anterior legislatura. Al no acudir a las reuniones, el necesario consenso que permitiría la inclusión de nuevas prestaciones es imposible.

El Sr. Antón es un manipulador al tratar de eludir su responsabilidad mediante esa carta dirigida al Ministerio de Sanidad, cuando la respuesta es obvia mientras persista la actitud de bloqueo que lleva a cabo el Partido Popular no asistiendo a las reuniones para evitar el consenso y la inclusión de nuevas prestaciones.

La respuesta del Ministerio de Sanidad no desmerece de la hipocresía del Sr. Bosch ni de la manipulación del Sr. Antón, y puede calificarse directamente de mentira; y como la responsabilidad última de una comunicación oficial de un Ministerio, recae en el titular del mismo, queda claro que la Ministra de Sanidad, Dª Elena Salgado es responsable, por tanto, de una mentira. El texto literal de la respuesta es:

El Ministerio de Sanidad ha declinado opinar sobre si las operaciones de cambio de sexo se incluirían en la cartera de nuevas prestaciones para todas las autonomías por estar en marcha un estudio económico sobre el coste del nuevo catálogo.

Es claramente una mentira, porque el Ministerio de Sanidad ya dispone de ese estudio económico, que llevó a cabo la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, a instancias de la anterior ministra, la popular Ana Pastor. Dicho estudio demostró el reducido coste que representaría la inclusión de las prestaciones en el catálogo, y recomendaba hacerlo, por lo que fue considerado confidencial por la anterior administración, a pesar de lo cual el PSOE tuvo acceso al mismo, como manifestó a esta Fundación el Director General de Cohesión Sanitaria en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Sanidad el verano pasado.

Es obvio que si se hubiese encargado un nuevo estudio a la misma Agencia de Evaluación sólo dos años después de haber llevado a cabo el anterior, que por otra parte es muy completo y está perfectamente desarrollado; las conclusiones serían las mismas, lo que demuestra que el Ministerio de Sanidad no necesita esperar a ningún estudio para "opinar sobre si las operaciones de cambio de sexo se incluirían en la cartera de nuevas prestaciones para todas las autonomías". Luego el Ministerio de Sanidad miente al poner como excusa algo completamente irrelevante.

El colectivo transexual sigue esperando mientras asiste al bochornoso espectáculo de esos políticos hipócritas, manipuladores y mentirosos, que ignoran nuestros derechos y necesidades más fundamentales, mientras se permiten utilizarnos como arma arrojadiza en sus peleas de patio de colegio.

Los populares ya han demostrado su intolerancia en este y otros asuntos, y no nos sorprende que actúen como lo hacen; por eso serán sistemáticamente contestados y discutidos mientras sigan en esa línea. Los socialistas, en cambio, presumen de tolerantes con sus iniciativas en las Comunidades en las que no pueden prosperar, pero callan y miran hacia otro lado en aquellas en las que sus votos podrían dar solución a las necesidades de las personas transexuales.

Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña tienen en su mano la inclusión de las prestaciones en sus respectivos Sistemas de Salud, así como Andalucía y Extremadura pueden incluirlo de un modo más coherente y realista. De hacerlo, el 52% del colectivo tendría la cobertura reclamada, y se abriría la puerta a que se uniesen las Comunidades gobernadas por otros partidos, hasta alcanzar a la totalidad del territorio.

Para hacer eso sólo es necesario tener voluntad política. No hacen falta más estudios, ya que los que se han hecho son muy completos y detallados; el coste es ridículo, pues está en torno al millón de euros anual, lo que sólo representa 2 céntimos por español y año; el beneficio para el colectivo afectado es sustancial, al eliminar el elevadísmo gasto que ahora debe afrontar cada persona transexual que acude a la atención médica privada, a la vez que normalizaría la atención permanente, la prevención, y los tratamientos de mantenimiento.

Si aún no se ha conseguido es sólo por falta de esa voluntad política; no hay otros motivos, sólo excusas y mucha hipocresía, manipulación y mentiras. Parte del colectivo ya sabe que es así; otra parte lo acabará por descubrir cuando mire los hechos y no se limite a escuchar las palabras.

Por cierto, el Sr. Bosch debería documentarse antes de utilizar cifras del modo en que lo ha hecho:

• Afirma que "son transexuales 1 de cada 20.000 personas", lo cual es inexacto, ya que la prevalencia visible es de 1 de cada 15.000, y probablemente la real (visible e invisible) ronde 1 de cada 1.500.
  
• Afirma que "en Castilla y León hay 125 personas transexuales", ignorando el hecho de que su Comunidad tiene una de las tasas más elevadas de emigración de personas transexuales, a causa de las dificultades que allí encuentran para desarrollar una vida convencional, por lo que de las 165 nacidas allí, presumiblemente sólo residen permanentemente 49.
  
• Afirma que la intervención de reasignación femenina (HaM) tiene un coste de 12.000 euros y la masculina (MaH) 20.000, utilizando cifras arbitrarias propias de la medicina privada de hace unos años, cuando las reales, calculadas por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, según los propios baremos de la Seguridad Social, cifran el coste de las primeras en algo menos de 6.000 euros, y las segundas entre 7.300 y 9.300, dependiendo del tipo de intervención. Además parece centrarse exclusivamente en la reasignación genital, olvidando las demás intervenciones (mamoplastia, mastectomía, orquidectomía, histerectomía, etc).
  
• Afirma, utilizando esas cifras, que el coste total "no supondría más de 3 millones de euros", cuando en realidad la repercusión que tendría sería de algo menos de 18.000 euros al año, con lo que la cifra del Sr. Bosch cubriría la atención sanitaria del colectivo durante 166 años.

Si el Sr. Bosch fuese un profesional de cualquier empresa privada, tal cúmulo de erores y despropósitos le habría servido para engrosar las listas del paro. Afortunadamente para el Sr. Bosch, se gana la vida como parlamentario regional de un partido que, por lo que se ve, no exige rigor ni documentación a sus diputados, permitiendo que cometan cualquier error con plena impunidad. Pero ni el partido le pedirá responsabilidades, ni él rectificará; eso no lo veremos.

Total, no les importa en absoluto el tema, ya que sólo es una maniobra para atacar a otros partidos en las Comunidades en que los socialistas no gobiernan, y se trata de un colectivo sin importancia en cuanto al número de votos, que es al fin y al cabo lo que les interesa para seguir manteniendo a individuos como el Sr. Bosch.

Claro que los populares no son mejores cuando permiten que manipuladores como el Sr. Antón se burlen descaradamente de los ciudadanos a los que deberían representar porque, les guste o no, el Sr. Antón es también el consejero de Sanidad de las personas transexuales que residen en Castilla y León, a las que ignora y desprecia con sus actos intolerantes.