Leo un informe de un grupo de expertos en economía de la salud, llevado a cabo por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en el cual recomiendan que se incorpore la financiación de la odontología, la atención mental y la cirugia ocular, así como los lentes, y en cambio que no se financien las operaciones de reasignación de género (cambio de sexo). En este sentido, quiero decir que me parecen una necesidad social las incorporaciones anteriormente citadas, y que requieren amplios esfuerzos a los bolsillos de toda la población. Pero no puedo entender como se propone no sufragar las operaciones de reasignación sexual cuando representan un coste infinitesimalmente inferior a todo lo anteriormente citado, teniendo presente  el número de personas que deciden someterse a tal operación.

Con tales informaciones, aparecidas como titulares, se corre el riesgo de que la población de a pie acabe pensando que como hay personas que quieren cambiar de sexo ellos tienen que seguir pagando sus empastes. Nada más lejos de la realidad.

Tengamos además presente el problema que representa que para que una persona pueda tener una documentación con su nombre adecuado a su aspecto tiene que tener sus genitales también en consonancia, cuando lo que importa es que, en todo caso, lo que se corresponda con nuestro nombre sea la apariencia externa con la que nos proyectamos socialmente, independientemente de cómo sean nuestros genitales.

Las personas que deciden cambiar de sexo, lo hacen porque no se corresponde su identidad sexual mental con su cuerpo, no lo hacen por capricho.

Dificultándoles esta medida, nos encontramos que muchas personas transgénero acaben dedicándose a la prostitución -porque nuestra sociedad les niega una identidad y un trabajo-,  para costearse la deseada operación que les libere de un cuerpo que no se corresponde con su percepción de si mísmas.

Ferran Barri, Licenciado en Psicología, Calafell (Tarragona).